En Paraguay, el 2 % de la población posee más del 85 % de las tierras cultivables. 231f36
Manos Unidas acompaña a pueblos originarios del Chaco, uno de los mayores puntos de biodiversidad del planeta, que ven desaparecer su hábitat ante el avance de monocultivos y tierras dedicadas a pastos ganaderos.
Un ejemplo de ello es el de la comunidad Payseyamexyempa’a, del pueblo Enxet Sur, ubicada en el Distrito Villa Hayes, en el que las familias se encuentran en una situación de pobreza extrema, a raíz del aislamiento al que están sometidas, rodeadas por fincas de terratenientes.
«Para salir o entrar a sus tierras deben pedir "permiso" a los hacenderos para que les dejen utilizar sus caminos "privados"», explica Lidia Ruiz, coordinadora ejecutiva de Tierraviva. Este socio local de Manos Unidas, desde 2020, cuenta con tres décadas de experiencia en la defensa de las comunidades, que carecen de servicios básicos y de a políticas públicas, y la restitución de sus tierras. En este sentido, desde su creación, se han restituido 167.000 hectáreas.
«En todos los rincones del país, los grandes propietarios tratan de amedrentar a los indígenas, incluso con personas armadas a su servicio, con la perspectiva de que las comunidades abandonen algún día las tierras en las que viven», agrega.
Según Carlos Vicente Alconcé, responsable de los proyectos de Manos Unidas en Paraguay, Ecuador y Brasil, «la causa principal de la violencia hacia las poblaciones indígenas del país es el acaparamiento de tierras por parte de grandes empresas y particulares dedicados al agronegocio».
Aunque en el suelo chaqueño se llevan a cabo mega proyectos financiados por el estado paraguayo y el sector privado, ninguno de estos atiende a las necesidades de los pueblos indígenas de estos territorios. «Es muy doloroso ver el abandono de los indígenas del Chaco, excluidos de políticas públicas que garanticen sus derechos más básicos, mientras el Gobierno destina enormes inversiones a mega infraestructuras que solo benefician a empresas ganaderas, que a medio plazo provocarán serios daños en las tierras reivindicadas por las comunidades; las mismas comunidades que no tienen a agua potable, a salud, a educación, energía y vías de comunicación», explica Ruiz.
Así, «mientras se han gastado millones de dólares en la construcción de carreteras, como la Ruta Bioceánica, que servirá para mejorar el transporte de materias primas de grandes productores, la población indígena sigue sin caminos transitables, imposibilitados de acceder a alimentos y agua potable», lamenta Carlos Vicente Alconcé.
Dichos pueblos originarios, que se dedican a la caza, la pesca y la recolección de forma sostenible, sufren las consecuencias de las inundaciones y sequías, las dos caras de la crisis climática. «Durante la temporada de lluvia los caminos se cierran, no pueden recolectar, ni salir a trabajar, aumentan los problemas de salud y la ayuda estatal es poca y sin planificación», recalca el responsable de los proyectos de Manos Unidas en Paraguay, Ecuador y Brasil. «En los meses de sequía, resulta imposible el cultivo de alimentos, la recolección también se ve afectada y las comunidades apenas pueden acceder al agua, y, si acceden es agua contaminada o de mala calidad de sus tajamares (depósitos de agua)», agrega.
Para Carlos Vicente Alconcé, se trata de un fenómeno cíclico agravado por la crisis climática «producida, en parte, por la enorme deforestación que realizan ganaderos y grandes propietarios de tierras en el Chaco» y responsabiliza a los diversos gobiernos paraguayos de no tomar cartas en el asunto.
«Conocen la realidad por las reiteradas denuncias de las propias comunidades, sin embargo, no hacen nada para atender las necesidades de las familias indígenas», critica recordando que, de esta manera, se vulneran los derechos humanos más básicos. En este sentido, el país ha sido condenado en diversas ocasiones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la discriminación estructural hacia las comunidades Yakye Axa (pueblo Enxet), Sawhoyamaxa (pueblo Enxet) y Xákmok Kásek (pueblo Sanapaná), producto del trabajo jurídico e incidencia realizado por Tierraviva y las organizaciones indígenas.
Ante la falta de soluciones a situaciones crónicas de ausencia del derecho al agua o a la alimentación se necesitan iniciativas de la sociedad civil. Manos Unidas debe estar «al lado de estas poblaciones, fortalecer la seguridad jurídica de sus territorios, impulsar iniciativas agroecológicas para la alimentación de las familias, ofrecer herramientas de formación para que las comunidades conozcan y reclamen sus derechos y, en definitiva, permanecer junto a ellas en la lucha por sus derechos, sus bosques y su propia supervivencia», asegura Carlos Vicente Alconcé, responsable de los proyectos de Manos Unidas en Paraguay, Ecuador y Brasil.
Por ello, Manos Unidas ha aprobado, el pasado mes de diciembre, la ejecución de un proyecto de doce meses de duración, que beneficiará directamente a 380 personas de cinco comunidades de tres pueblos indígenas diferentes en el municipio de Villa Hayes. En el caso de Payseyamexyempa'a este proyecto es una continuación del trabajo que se desarrolla desde hace dos años, para garantizar el al agua como derecho humano.
Con un presupuesto de más de 70.000 euros, la iniciativa permitirá la construcción de un depósito para el almacenamiento de lluvia, así como el desarrollo de iniciativas económicas comunitarias ante las escasas oportunidades de desarrollo personal y socio-laboral de los jóvenes indígenas, teniendo en cuenta el cuidado de la biodiversidad y un uso del territorio equilibrado. Igualmente, se prestará especial atención a las mujeres para asegurar su participación en la toma de decisiones comunitarias y abordando la problemática de embarazos precoces y mortalidad materna con una campaña de educación que pretende alcanzar a 20.000 mujeres indígenas.
«El año pasado murieron 20 mujeres en situación de parto, ante la falta de auxilio de la institución del Estado, muchas siguen pariendo en las comunidades, porque a veces no hay condiciones. Queremos trabajar en prevención con responsables de salud de la región y por otro lado de incidencia de embarazo adolescente ya que en Paraguay es muy frecuente niñas de 13 años, y en las poblaciones indígenas hay una incidencia mayor todavía», explica Ruiz agradeciendo la colaboración de la organización.
«Esa solidaridad que hace Manos Unidas a partir de los proyectos con esas poblaciones en el Sur, es la esperanza, es ese ‘Efecto Ser Humano’ que nos propone Manos Unidas este año: la esperanza de una mejor vida», concluye la coordinadora ejecutiva de Tierraviva.
