La violencia sigue golpeando a los socios locales de Manos Unidas. 5p4516
Pocos meses después del asesinato de Luz Marina Arteaga, perteneciente a la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello –organización socia de Manos Unidas–, la violencia vuelve a arrebatar la vida de un líder comunitario que dinamizaba proyectos apoyados por Manos Unidas en Colombia.
El pasado 6 de mayo fue asesinado Ever Ortega, presidente de la Junta de Acción Comunal de Santa Elena, comunidad del municipio de Norosí, en el Sur de Bolívar. Como colaborador del Servicio Jesuita de Refugiados (SJR) en Colombia, Ever participaba en iniciativas que Manos Unidas acompaña en este territorio.
El joven falleció en la puerta de su casa, a causa de un ataque con arma de fuego perpetrado por varios hombres. Según la Defensoría del Pueblo, la zona está sufriendo la presencia de distintos actores armados que han permitido la entrada de organizaciones criminales caracterizadas por estar fragmentadas y ser difíciles de identificar, entre ellas, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia –también conocidas como el Clan del Golfo–, grupo narcoparamilitar que el alcalde de Norosí, Arturo Londoño, señala como principal sospechoso del asesinato de Ever.
Según organizaciones sociales como Indepaz, con Ever serían 70 los líderes y defensores de derechos humanos asesinados en lo que va del 2022.
Según organizaciones sociales como Indepaz, con Ever serían 70 los líderes y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia en lo que va de 2022.
En la mayor parte de los casos, esta violencia se dirige contra personas y comunidades que tratan de defender su territorio ante la explotación descarnada de recursos naturales, ya sea esta derivada del modelo económico extractivista que impera en América Latina –con los consiguientes impactos de la minería, la industria energética, los megaproyectos de infraestructuras y el agronegocio– o de actividades ilegales como el narcotráfico.
La muerte de Ever tiene lugar, además, en el contexto del paro armado decretado por el grupo narcoparamilitar del Clan del Golfo tras la extradición a Estados Unidos de su máximo jefe, Dairo Antonio Úsuga alias 'Otoniel'.
Los procesos compartidos con el Servicio Jesuita de Refugiados han estado dirigidos, principalmente, al acompañamiento de comunidades víctimas del conflicto armado colombiano y del desplazamiento forzado, con el objetivo de transformar las dinámicas violentas 
y seguir caminando hacia la reconciliación y la reconstrucción del tejido social.
En el caso del proyecto que dinamizaba Ever Ortega, el SJR trabaja con familias desplazadas que han puesto en marcha cultivos permanentes orientados a la generación de ingresos y a la seguridad alimentaria de las familias. Se trata de familias productoras que requieren el apoyo y la capacitación técnica para el manejo sostenible de estos cultivos.
El proyecto busca, asimismo, promover la permanencia y el arraigo de los jóvenes en los territorios, así como su participación en redes y espacios municipales formales y no formales, para incluir sus propuestas e intereses en los espacio de decisión de políticas públicas.
