Día Internacional de la Convivencia en Paz 2023 (16 de mayo) 11r68

Educar para la paz es un signo de esperanza en medio del conflicto colombiano. 21m7

Vídeo sobre el Día Internacional de la Convivencia en Paz 2023

Juan Casas, director del Servicio Jesuita a Refugiados Colombia (JRS, por sus siglas en inglés) y socio local de Manos Unidas en el país, subraya que la educación es vital para evitar que los niños, las niñas y los adolescentes repliquen la violencia que azota la región.

El JRS Colombia inicia sus actividades en el país en 1994, en respuesta a la crisis humanitaria que se produce a partir de la intensificación de acciones armadas en todo el territorio nacional. Estas trajeron consigo numerosos desplazamientos forzosos, que siguen teniendo lugar con la misma intensidad desde ese momento hasta la actualidad.

Casas comparte lo que pudo observar en una reciente visita al terreno a unos de los proyectos que acompaña la ONG: «En una zona montañosa que se llama Serranía de San Lucas (de muy difícil ), pude ver cómo el conflicto amenaza todo el tiempo. Porque la presencia del Ejército también hace temblar a la población civil, no porque el Ejército sea en sí una amenaza, sino porque los momentos de encuentro entre la guerrilla y los militares generan violencia y estos, a su vez, desplazamientos».


Juan Casas, en una de las carpas de atención. | Foto: Carmen Santolaya.

Jugar a ser soldado o guerrillero 4tf5b

El jesuita menciona con preocupación que suelen ser siempre los más pequeños quienes escuchan, ven y son testigos de todas estas historias de violencia:

«Y las reproducen jugando a ser soldados o guerrilleros. Con un palo de escoba se inventan que tienen un fusil en las manos. O se encapuchan con su suéter. Son sus juegos porque juegan a lo que ven. Pero, desafortunadamente, esos juegos se pueden convertir en realidad», lamenta el misionero.

Para el JRS, es urgente construir espacios de convivencia pacífica. Esta organización lo hace, mano a mano y desde hace años, con los profesores y las familias comprometidas con la educación de la niñez y la juventud que está en riesgo. Y también, delimitando ese espacio físico que representa la escuela.

«La escuela, con sus instalaciones, su canchita de futbol y de básket, se vuelve un espacio protector y así se trabaja con la población civil para asegurarles que la escuela es un espacio seguro que no se puede tocar», explica Casas.

Algo que se ha conseguido, ya que, como afirma el jesuita, «la guerrilla ha respetado ese espacio y nunca ha pasado nada allí dentro».

La pobreza del país y, en especial, de estas regiones, dificulta, a veces, los procesos de intervención. Pero, para Casas, resulta fundamental trabajar allí «para contarle al mundo que en estos rincones de Colombia la esperanza existe en medio de la desesperación y el conflicto».


Diana Torres, del JRS Colombia, durante uno de los cursos. | Foto: Carmen Santolaya.

Manos Unidas en Colombia 64h4w

Manos Unidas aboga por una educación a los más jóvenes para evitar su desarraigo y que pierdan oportunidades de futuro. Por ello, trabaja junto al JRS Colombia en proyectos de promoción de procesos organizativos y comunitarios en la región de Magdalena Medio (parte central del país).

«Fortalecemos a las organizaciones civiles para que puedan defender su territorio ante los diferentes grupos armados y ante aquellos actores con intereses de mercantilización del territorio con graves efectos de expulsión de los pueblos originarios: indígenas, afros y campesinos», explica Carmen Santolaya, responsable de Proyectos de Manos Unidas en Colombia.

En un contexto tan fraccionado y polarizado, nuestra intervención en Colombia se centra en las comunidades y los grupos más vulnerables.

De forma paralela, «impulsamos procesos productivos y de generación de ingresos para que la población pueda permanecer en sus comunidades de forma autónoma y que pueda disfrutar de los derechos económicos, sociales y culturales que ahora se encuentran en constante amenaza», afirma Santolaya.

En 2022, Manos Unidas apoyó seis proyectos en Colombia, por un monto de 514.000 euros, en los que participaron más de 8.700 beneficiarios directos, entre ellos, migrantes venezolanos y comunidades de la región del Magdalena Medio.

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