"Mujeres contra la violencia en América Latina”, cinco expertas debaten sobre su trabajo en defensa de los derechos humanos de las mujeres en América Latina. 165d4g
La mesa redonda “Mujeres contra la violencia en América Latina” ha reunido en la sede de los Servicios Centrales de Manos Unidas en Madrid, a cinco mujeres, representantes del trabajo que la ONG y sus socios locales llevan a cabo en la defensa de los derechos humanos de las mujeres en países como México, El Salvador, Paraguay, Colombia y Perú.
Cinco mujeres que confiesan haber recibido amenazas por defender la vida de otras mujeres. Cinco mujeres que se emocionan cuando hablan de su trabajo, de las incontables veces que han tenido que hacer frente a la incomprensión de unos y al desprecio de otros. Cinco profesionales, expertas en sacar a las mujeres del pozo negro y oscuro en el que se ven sumidas por la violencia y los malos tratos de los que son víctimas, que devuelven la sonrisa, la autoestima y la confianza a quienes la perdieron por culpa de unos malos tratos que nunca debieron sufrir.
La violencia contra la mujer es una constante en la mayor parte de los países de América Latina, donde hábitos sociales y culturales patriarcales profundamente arraigados perpetúan comportamientos machistas que conllevan discriminación social, institucional y política para las mujeres. Y la educación es el arma más poderosa para que las mujeres conozcan, reclamen y hagan valer sus derechos. Porque sin educación, la violencia contra la mujer se perpetúa.
En México, donde ser mujer, pobre e indígena multiplica los riesgos de ser víctima de la violencia, la Asociación civil Kalli Luz Marina, socio local de Manos Unidas, busca “justicia justa” para las mujeres de las comunidades indígenas náhualt, de la sierra de Zongolica, en el Estado de Veracruz.
Según la psicóloga Lizette Hernández, trabajadora de Kalli Luz Marina, las mujeres indígenas “sufren discriminación y exclusión desde que nacen” y eso se manifiesta en la vulneración constante de sus derechos y, principalmente, en el “derecho a la vida libre de violencias”.
Ana Ruth Orellana es representante del Movimiento Salvadoreño de Mujeres (MSM), socio local de Manos Unidas en el país centroamericano donde, según afirma, en 2018 murieron asesinadas 381 mujeres. La mayoría de estas víctimas se producen en la zona rural, aunque la violencia se da en todos los estratos sociales. “La violencia contra la mujer en El Salvador se da diariamente. Puede llegar a pensarse que es algo natural”.
“Ver a una mujer que reconoce ser sujeto de derechos es para nosotras una ganancia, porque las mujeres con las que trabajamos sufren la violencia desde que son pequeñas, no van a la escuela y permanecen en sus casas sin a la educación”, asegura Orellana.
En Paraguay, donde cada siete días muere una mujer por feminicidio, “las mujeres no figuran en la agenda de prioridades del Gobierno”, lamenta Mirtha Lezcano, psicóloga de la Asociación Tatarendy, socio local de manos Unidas desde 2009, para asegurar después que “el Estado es cómplice indirecto de esta violencia porque no genera las condiciones de protección necesarias”.
La educación es fundamental para que estas mujeres rompan el círculo de la pobreza. También la educación es básica para que las mujeres en situación de calle, que en su mayoría sufrieron abusos de niñas, dejen esta actividad.
El conflicto interno que se ha vivido, y aún se vive en Colombia, generó que 8,5 millones de personas tuvieran que desplazarse de manera forzosa de sus hogares. De esas personas, el 51 por ciento eran mujeres y la mayoría de ellas han visto vulnerados sus derechos humanos.
"Las mujeres, que es su mayoría no participaron en el conflicto, han sido las principales víctimas de los enfrentamientos y de la violencia", asegura Diana Marcela Torres, del Servico Jesuita al Refugiado.
La pobreza es una de las motivos por los que las mujeres entran en redes de trata y prostitución. En Perú, la trabajadora social Desiree Bozzeta, que en su día sufrió también la violencia, trabaja con mujeres víctimas de trata y tráfico con fines de explotación sexual en la casa de acogida que las Adoratrices tienen en Lima.
La estigmatización es uno de los mayores problemas a los que se enfrentan las mujeres que reciben atención ambulatoria por parte de la Asociación. “La mayoría se dedican a la prostitución y, en Perú, parte de la sociedad considera que esa es una elección voluntaria”, afirma Bozzeta.
