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Más de 15 ciudades a nivel nacional se adhirieron a la propuesta, en las que las organizaciones cristianas pidieron la máxima responsabilidad a las istraciones públicas para construir las bases de un nuevo modelo social y económico centrado en las personas, especialmente las más vulnerables, y de este modo articular políticas encaminadas a promover los derechos humanos y la justicia en todo el mundo.
